Bruselas reclama 24.000 millones en dos años sin decir de dónde
«Frenar a la ultraderecha no iba a ser gratis». El titular con el que se abrió el asunto dejaba claro el marco: Bruselas pide a España un ajuste de
12.000 millones este año y otros 12.000 el siguiente. Para dimensionarlo bastan dos referencias del propio Estado: un PIB que ronda el billón de
euros y una deuda pública que ya camina por los
1,5 billones. Lo que nadie ha detallado todavía es cuánto sale de la tijera y cuánto de los bolsillos. La cifra está sobre la mesa; el reparto, no.
¿Cuánto se recorta y cuánto se sube en impuestos?
Los cálculos que circulan no coinciden. Una lectura habla de
5.000 millones de recorte y 7.000 de subida de impuestos. Otra sostiene que el gasto crece en 10.000 millones mientras la carga fiscal sube
22.000. La diferencia no es cosmética: según qué versión se mire, el esfuerzo recae sobre el gasto público o sobre el contribuyente que ya paga.
Hay un patrón que se repite en cada anuncio de este tipo: se presenta como ajuste lo que acaba siendo una subida de impuestos. Más IVA, más IRPF, más impuestos especiales. Los peajes ya se han insinuado y no parece que nadie se atreva con un copago sanitario. El problema de fondo, apuntan algunos análisis, es que muchos contribuyentes son ya fuentes secas: por mucha bomba extractora que se instale, si el pozo no da, no da. Un burro agotado no responde a la vara.
La factura del rescate bancario sigue sin cerrarse
Cada vez que aparece la palabra recorte, vuelve el fantasma de 2008. Antes de la crisis, España tenía
más de 300 cajas de ahorros. Tras la reestructuración que exigió Bruselas para conceder el rescate, quedaron media docena. El coste para el contribuyente de aquella operación se ha cifrado en
60.718 millones de euros, una cifra que conviene tener a mano cuando se discute quién debe devolver qué.
La discusión sobre la naturaleza de esas entidades no está cerrada. Se argumenta con insistencia que las cajas eran de propiedad estatal o mayoritariamente pública, de modo que el saneamiento recayó sobre el Estado, no sobre accionistas privados. Enfrente está el detalle de que buena parte de la basura sistémica que se inyectó procedía de sociedades privadas. El caso de BFA-Bankia es el ejemplo recurrente: se metieron activos tóxicos que el resto del sistema no quería, se sancó con dinero público y, a partir de 2013, se dio salida a los activos ya limpios. Socializar pérdidas para privatizar beneficios, en resumen.
El listado de operaciones es largo.
Banco de Valencia, intervenido cuando su principal accionista era una caja de ahorros.
Banco Popular, resuelto y vendido por un euro. Y en Cataluña,
Caixa Catalunya, presidida por un histórico dirigente socialista, cuya factura para el contribuyente superó, según las cifras que se manejan, la de la propia Bankia.
Alemania y Finlandia: el espejo incómodo
La comparación europea incomoda.
Alemania prepara un ajuste de más de 50.000 millones sin que Bruselas se lo haya reclamado, porque su Constitución obliga a cuadrar las cuentas. En Finlandia, con un déficit del
1%, las cuentas públicas fueron el tema central de la campaña electoral. Son otros mundos, y la distancia no es de tamaño, sino de prioridades.
El mito de la España que imprimía pesetas
Con el euro en el punto de mira, reaparece el relato de la peseta. Antes de entrar en la Unión Europea, los tipos de interés jamás estuvieron por debajo de la inflación, sino muy por encima, de modo que los depósitos se remuneraban con holgura y el ahorro no perdía poder adquisitivo. Con la moneda única, en cambio, la deuda alcanzó máximos históricos y los tipos se hundieron. Hay quien sostiene que los alemanes también van a recortar y que la salida del euro es un bucle sin salida. Y hay quien responde que toda la evidencia disponible se ha construido dentro del euro, y que la realidad alternativa de la peseta nadie la ha vivido.
El dato que descoloca
Mientras se discute el ajuste, la UE eleva sus ayudas a España hasta el punto de superar a Italia como
el país más asistido del bloque. Doce mil millones de recorte suenan a mucho hasta que se ponen junto a una deuda de billón y medio: calderilla, sostienen algunos. El problema no es la cifra. Es que nadie ha explicado aún quién la paga.