Solución inmediata al problema de la vivienda. inmediata.

Alquiler garantizado por el Estado: el 30% que lo cambiaría todo​

En un contexto de precios de alquiler disparados y una oferta cada vez más restringida, la propuesta de que el Estado actúe como intermediario entre propietarios e inquilinos ha cobrado fuerza en los círculos de debate económico. La idea, esbozada en un foro de inversión, plantea que el Gobierno garantice el cobro de la renta a los arrendadores a cambio de que estos rebajen el precio un 30% respecto al mercado. El mecanismo se antoja simple: Hacienda, con su capacidad de embargo y su historial de cobro implacable, se convierte en el casero más eficaz. Si el inquilino no paga, se le embargan las cuentas o la nómina. Sin contemplaciones. Para muchos, esta fórmula resolvería de un plumazo el problema de la vivienda para amplias capas de la población, especialmente aquellas que, aun teniendo ingresos, no alcanzan los precios actuales.

El modelo ya existe en el País Vasco, pero con resultados discretos

La propuesta no es nueva. En el País Vasco funciona desde 2003 el programa Bizigune, impulsado por el Gobierno autonómico, que moviliza viviendas vacías para alquileres asequibles con garantías para el propietario. Sin embargo, su éxito ha sido limitado. Según se apunta en el debate, la clave está en la cuantía de la garantía: actualmente se ofrecen ayudas de unos 300 euros, una cifra que no compensa al arrendador. El propio impulsor de la idea en el foro lo tiene claro: «Lo suyo es que un piso que cueste 1000 se quede en 700». Es decir, duplicar la cobertura actual para que merezca la pena. Con esa mejora, asegura, aparecerían miles de pisos cerrados «en cuestión de días».

La falta de oferta, el verdadero nudo del problema

Más allá del mecanismo de garantías, una parte del análisis insiste en que el problema no es de intermediación, sino de stock. «Falta vivienda física. Los precios son sólo un síntoma, la falta de viviendas la enfermedad», resume un participante. En la misma línea, otro añade que el fenómeno es global: «Falta vivienda y está pasando en toda Europa y muchos otros países». La conclusión que extraen es que cualquier medida que no aumente la oferta en zonas tensionadas está condenada al fracaso. Y para aumentar esa oferta, proponen desde agilizar los desahucios de morosos e inquiokupas hasta fomentar el traslado de población a la España vaciada, pasando por construir en ciudades que no sean Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia.

Inmigración y turismo: los factores que tensan la demanda

El debate deriva en ocasiones hacia el papel de la inmigración y el turismo como motores de la demanda. Una corriente sostiene que «sobran millones de extranjeros» y que la única solución pasa por «devolver a sus países a varios millones de personas». Otra parte rechaza de plano ese enfoque y lo tacha de simplista, recordando que el déficit de vivienda es estructural y afecta a toda Europa. Lo que sí parece compartido es que el turismo de masas y los fondos de inversión contribuyen a la presión sobre los precios en las zonas más demandadas. La discusión, en cualquier caso, refleja una tensión social real que va más allá de lo económico.

El riesgo jurídico y la seguridad del propietario

Uno de los argumentos más repetidos es que sin seguridad jurídica no habrá oferta. «Con que hagas una ley que la policía pueda poner de patitas en la calle a un inquilino moroso y que permita echar a patadas a los okupas, se soluciona de cuajo el problema», afirma un mensaje. La percepción de que la ley protege en exceso al inquilino insolvente lleva a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado. De ahí que se proponga que el Estado asuma el riesgo, pero no a cualquier precio: «Si el Estado quiere que haya vivienda asequible, debería ponerse como avalista de esa gente». La propuesta original va en esa dirección, pero con una condición: el propietario debe rebajar el alquiler un 30%.

La viabilidad política y económica de la medida

¿Estaría el Estado dispuesto a asumir ese papel? Los escépticos dudan. «El Estado no va a asumir una gestión que no le resulta rentable sino ruinosa», señala un análisis. Convertirse en cobrador y asegurador de millones de contratos, con una alta proporción de inquilinos vulnerables, implicaría un coste administrativo enorme y un riesgo moral: los inquilinos podrían dejar de pagar sabiendo que el Estado responde. Además, la experiencia de la Comunidad de Madrid con programas similares no invita al optimismo: «el precio que ofertan del alquiler no tiene en cuenta la zona para nada, tienen un tope totalmente irreal y absurdo, al final nadie con dos dedos de frente acude a poner el alquiler de su vivienda por esta gente».

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La propuesta de un alquiler garantizado por el Estado a cambio de una rebaja del 30% tiene un atractivo inmediato: aprovecha la maquinaria recaudatoria para dar seguridad al propietario y aliviar el bolsillo del inquilino. Pero choca con la realidad de un mercado donde la oferta es rígida, los incentivos están distorsionados y la desconfianza mutua entre caseros e inquilinos es mayúscula. Mientras no se construya más vivienda en las zonas demandadas, cualquier parche, por ingenioso que sea, seguirá siendo eso: un parche. Y los precios, mientras tanto, seguirán marcando el paso.