El 16,3% de jóvenes emancipados y el tope al alquiler como receta
Según cuenta un propietario en el debate, un piso de alquiler en Madrid cambió de manos el 29 de enero. Lo vendió y explicó por qué: con la limitación de las subidas de renta y la prórroga del contrato, el activo había dejado de ser rentable y el riesgo, decía, era demasiado alto. Un piso menos en la oferta. Es la escena que mejor describe el nudo del asunto: en vivienda, cada medida que protege a quien alquila es también un motivo para que el dueño se plante salir del mercado.
La vicepresidenta Yolanda Díaz lo formuló en un mensaje que ha servido de pistoletazo de salida: «No poder salir del hogar familiar frena el desarrollo de cualquier persona. Solo un
16,3% de los jóvenes han conseguido emanciparse. El alquiler se ha convertido en un lujo». Su conclusión: todas las administraciones públicas deben implicarse en
regular los precios. Con esa cifra empieza todo, y con esa cifra conviene leer el resto.
¿Qué propone el Ministerio y en qué punto está?
El Ministerio de Vivienda trabaja en el Índice de Precios de Referencia del Alquiler, la herramienta que permitirá declarar zonas de mercado residencial tensionado y, dentro de ellas, topar las rentas. La previsión que maneja el departamento es presentarlo en
febrero, y Cataluña será la primera comunidad en aplicarlo. Otras administraciones habrían mostrado interés, según la versión del propio Ministerio.
En el otro extremo, la Comunidad de Madrid ha rechazado «totalmente» la regulación del alquiler de habitaciones y la declaración de zonas tensionadas. Su argumento: ataca el derecho a la propiedad, invade competencias y hace subir los precios porque reduce la oferta. Dos marcos que no se van a encontrar. Una administración cree que el índice ordena el mercado; la otra sostiene que lo estrecha.
El precedente que se saca a relucir cuando se habla de topes es el del alquiler regulado en ciudades como Estocolmo, con listas de espera que, según se sostiene en el debate, se miden en lustros. No prueba nada por sí solo, pero marca el tono del escepticismo: intervenir el precio sin tocar la oferta suele trasladar el problema de la cartera a la cola.
¿Por qué se venden pisos en lugar de alquilarlos?
El caso del propietario madrileño no es aislado. La queja recurrente apunta a la inseguridad jurídica: contratos que se prorrogan, subidas tasadas y un desahucio por impago que, se sostiene, llega tarde y con coste. Dentro de esa lógica el cálculo es simple: si el rendimiento se estrecha y el riesgo crece, el dueño vende, y el
stock disponible baja. Hay quien lo resume diciendo que uno no pone un activo en alquiler para convertirlo en una renta antigua.
Frente a eso, la defensa de la regulación señala justo lo contrario: si alquilar se ha vuelto un lujo es porque los precios llevaban años subiendo sin freno, y sin un tope la escalada no se detiene sola. El detalle incómodo es el de siempre: la norma no crea vivienda, solo reparte la que ya existe.
Construir o regular: la otra mitad del problema
Buena parte del análisis se va a la oferta. Se argumenta que en España sobra suelo, que los ayuntamientos condicionan la edificabilidad y que los costes de construcción han bajado hasta permitir, según un cálculo que circula, levantar vivienda por unos
800 euros el metro cuadrado. Con ese punto de partida, los precios del norte de Madrid —se compara con Manhattan, al lado de un secarral— chirrían.
De ahí salen las propuestas de construir en volumen: millones de pisos de protección oficial en alquiler con rentas del orden de
200 euros y un régimen de desalojo rápido para el impago. La comparación histórica aparece una y otra vez, casi siempre la misma: durante el desarrollismo se levantaron barrios enteros de vivienda protegida porque las administraciones construían; hoy, dicen, solo se legisla. En el otro lado se recuerda que edificar con impuestos generales también tiene coste político, y que el IVA de la vivienda —en torno al 10% en la compra— pesa más de lo que parece. Alguna propuesta sugiere eliminarlo para el primer comprador y subirlo al 20% a partir de la tercera vivienda.
La demanda que llega y los pisos que se van al turista
Hay un tercer vector que nadie deja fuera: presión demográfica y uso turístico. Se argumenta que la concentración de empleo en un puñado de ciudades grandes, junto a la llegada continuada de población, tensiona el mercado sin que aumente el parque disponible. Conviene manejarlo con cuidado: son afirmaciones de parte, no cifras verificadas. En paralelo, según se afirma en el debate, Cataluña ha aprobado un decreto para cerrar
24.000 pisos turísticos en cinco años, y en Baleares se ha legislado para eliminar la mayoría de las plazas. Quien alquila por temporada no es ajeno a ninguna de las dos tendencias.
El cierre que descoloca
Mientras todo el mundo discute topes, índices y zonas tensionadas, la cifra que abre el asunto no es un precio. Es un 16,3%. Y esa no se arregla con una regla.