«Alarma social» avalancha de forasteros ilegales: «La Policía ha colapsado»

La presión migratoria desborda a la Policía y dispara las agresiones​

¿Qué pasa cuando la primera línea de un Estado deja de dar abasto? La respuesta está en los números que se cruzan en los despachos: casi 10.000 detenidos por atentado a agente de la autoridad y un aumento del 16% en las agresiones tras la pandemia, según los datos que manejan los sindicatos policiales. En paralelo, la crisis migratoria en Canarias deja estampas como la de El Hierro, con 200 migrantes diarios y apenas 4 agentes de la Guardia Civil por turno. La conclusión que se impone en los cuarteles es incómoda: los recursos no llegan y la presión se acumula en el eslabón más débil.

El colapso de la primera línea​

La denuncia no viene de un despacho de Madrid, sino de las asociaciones profesionales que llevan años avisando de la falta de medios. La Guardia Civil ha pedido refuerzos ante la oleada de pateras en el Mediterráneo y en el archipiélago canario, mientras el SUP llama a movilizarse a policías de toda España por los continuos ataques. La cifra que resume el problema es la de 10.000 detenidos por atentado a agente de la autoridad, una cifra que, según un cálculo que circula en el foro, implicaría a unos 50.000 agresores si se aplica la ratio habitual de detenciones por agresión. Es decir, varias divisiones militares en términos de fuerza.

El diagnóstico sobre el terreno es más crudo. En Cartagena, la Policía Nacional se declara desbordada tras la llegada de 450 argelinos en tres días, con 120 personas que acabaron en la calle según el SUP. En Canarias, la crisis migratoria deja a las plantillas con 700 agentes menos de los necesarios para cubrir el servicio. Y en El Hierro, la asociación profesional JUCIL califica la situación de «alarmante para la seguridad, no solo de los isleños, de todos los españoles», en plena alerta terrorista tras las amenazas de Hamás.

¿Por qué las mafias se pasan al tráfico de personas?​

La respuesta es puramente económica: es más rentable. Las mafias marroquíes que antes operaban en el narcotráfico han encontrado en el tráfico de migrantes un negocio con menos riesgo penal y márgenes similares. El fiscal baja las penas a 2 meses, un coste operativo irrisorio comparado con los beneficios. La nueva modalidad que se extiende en Cádiz son las pateras taxi: lanchas rápidas de narcos que remolcan embarcaciones hasta aguas españolas y las dejan a su suerte para que actúe Salvamento Marítimo.

Los cerebros de estas redes se asientan en Alicante, según las investigaciones, y operan con embarcaciones cada vez más potentes y rápidas. La Guardia Civil en Almería denuncia falta de medios para abordar un fenómeno que se especializa a marchas forzadas. Un informe interno revela que los radares para detectar cayucos están «obsoletos» e «ineficaces». La ecuación es simple: si el riesgo penal es bajo y la rentabilidad alta, el negocio crece.

La fractura social que dejan los datos​

El malestar no se limita a las fuerzas de seguridad. En Donostia, el aumento de delitos ha llevado al Ayuntamiento a reunir de urgencia a policías, jueces y fiscales para abordar los «focos de inseguridad» y la multirreincidencia. En Francia, el gobierno ha ordenado controles en su frontera ante el enfado del PNV por el coladero que percibe en la frontera española. Y en el plano político, el PSOE choca con Coalición Canaria por el repunte de la crisis migratoria en las islas.

Hay quien sostiene que el problema es de gestión y no de recursos: si la Policía colapsa con tres mil euros de sueldo, quizá el problema no sea solo la falta de efectivos. Otros apuntan a que la sociedad se ha vuelto «buenista y pacifista» y que eso alimenta el fenómeno. Y una tercera corriente, más dura, directamente cuestiona la utilidad del cuerpo: «La policía está para perseguir a los que dejan el perro atado a la entrada de un super», resume una postura que gana terreno en ciertos sectores.

El negocio de la falsificación y los prófugos​

La trama no acaba en el mar. En Alicante, 12 marroquíes y dos funcionarios españoles han sido detenidos por falsificar permisos de residencia. Más de 10.500 prófugos de la Policía y la Justicia intentaron cruzar la frontera de Melilla en 2023. Y el ex JEMAD Alejandre alerta del riesgo de que el Ejército se convierta en «una gigantesca ONG», una advertencia que resuena en los cuarteles.

La pregunta que flota en el ambiente es si el Estado tiene capacidad real de control. Los datos disponibles apuntan a que no: los medios son escasos, las penas bajas y la presión constante. Mientras tanto, los agentes siguen pidiendo táser, cámaras y mayor seguridad jurídica. No parece que vaya a llegarles por generación espontánea.

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Al final, la historia se escribe sola: más pateras, menos agentes, penas de dos meses y una sociedad que mira hacia otro lado. Luego se soluciona con un par de minutos de silencio y unas flores en alguna plaza.