El comprar se va a acabar: inflación al 2.6% y subyacente al 6.1%

Inflación al 2,6% con la cesta de la compra un 10% más cara​

La inflación general se quedó en el 2,6%. La subyacente, la que deja fuera energía y alimentos frescos y se supone que mide la tendencia de fondo, sigue en el 6%. Con el Gobierno en funciones, el departamento que dirige Nadia Calviño celebró el dato con una frase que se ha convertido en el detonante de toda la conversación: «Esto favorece la competitividad de las empresas españolas, la ganancia de cuota de mercado y el aumento del poder adquisitivo de los salarios». Con la cesta de la compra encareciéndose por encima del 10% interanual, el comunicado sonó a chiste.

¿Por qué la compra sube un 10% si el IPC está en el 2,6%?​

Porque el índice general se apoya en partidas que ahora tiran hacia abajo —la energía, sobre todo— mientras los alimentos sostienen subidas de dos dígitos. Según un cálculo que circula en el debate, entre enero de 2019 y julio de 2023 el índice de alimentación acumula un 31% de encarecimiento, y la cesta del súper sigue por encima del 10% interanual. El café ya cuesta 1,50 euros. Dos raciones de bravas y un mosto: 7,50 euros. No hace tanto, tres raciones, dos mostos y un marianito salían por 8 euros.

El cuadro lo completan el aceite de oliva a 15 euros el litro, la gasolina a 1,90 y una vuelta al colegio de entre 300 y 500 euros por alumno. La sospecha de que el indicador oficial se queda corto no es nueva: los participantes apuntan que el café se mide dentro de restauración y la comida procesada dentro de alimentación, así que el precio de la barra se reparte entre partidas distintas y el golpe se difumina. Nada de eso evita que el cliente lo pague entero.

La vía incómoda: dejar que la inflación licue la deuda pública​

Con la subyacente en el 6%, hay quien defiende que la inflación no es solo un efecto colateral, sino la política económica real. El razonamiento: con la deuda pública donde está, un ciclo prolongado de precios altos reduce su peso sobre el PIB sin necesidad de un ajuste declarado. El escenario alternativo —recortar pensiones, plantillas, subvenciones y ayudas hasta generar superávit y devolverla— se parece demasiado a lo que ocurrió en Grecia. Se asume el precio: empobrecer a todos un poco para que el Estado no quiebre.

El problema es el reparto. La inflación diluye la deuda, pero también los salarios, los ahorros y toda renta que no se revise al alza. Quien vive de una nómina privada paga la fiesta dos veces; el que tiene dinero parado en el banco, también. Para los que cobran del sector público, en cambio, el golpe llega con retraso y con red.

Pensiones, funcionarios y el IRPF que nadie deflacta​

Los empleados públicos tienen por delante una subida del 2% para 2024. Las pensiones se revalorizan con el IPC y, según los cálculos que se manejan en el debate, acumulan cerca de un 12% de subida desde 2015; la prevista para 2024 ronda el 2,5% y el retorno vía IRPF se lleva otro pellizco. El resto de asalariados no tiene ese mecanismo automático.

De ahí sale el dato que más se repite: hay quien sostiene que, en términos reales, los trabajadores son alrededor de un 20% más pobres que hace veinte años, con las tarifas del IRPF sin deflactar, las cotizaciones al alza y una colección creciente de tasas. Cuando el sueldo sube menos que el índice, la pérdida no aparece en ninguna nómina. Aparece en la cesta.

El tercio de la población que sí gasta​

Frente a ese cuadro, hay una realidad que descoloca: se sostiene que en torno al 30% de la población mantiene capacidad de gasto. Uno de cada tres coches nuevos se mueve en la franja de 30.000 a 60.000 euros. Las terrazas siguen llenas y los padres siguen comprando los libros. El caso extremo que se cita: un matrimonio con dos pensiones máximas de 2.300 euros por catorce pagas, siete u ocho alquileres, dividendos de las empresas en las que trabajaron y la casa pagada, lo que suma unos 15.000 euros al mes.

No es la media. Pero explica por qué el consumo no se hunde, por qué la sensación de crisis convive con reservas en los restaurantes y por qué dos personas pueden mirar el mismo 2,6% y ver cosas opuestas.

El punto donde el análisis se atasca es siempre el mismo: si la inflación sirve para reducir deuda, no está claro cuánto tiempo puede sostenerse antes de que la capacidad de gasto se rompa, ni a quién le toca el turno cuando eso pase.

La subyacente en el 6% dice que el problema es más pegajoso que el titular. Y con esa cifra en la mano, la cuesta de septiembre no tiene pinta de moderarse.