[emoji837] última hora | adeslas se retira del nuevo convenio de muface a pesar de la subida del 33,5% de las primas

Adeslas se retira de Muface pese a la subida del 33,5%​

El nuevo convenio de Muface vuelve a quedar en el aire. Adeslas, una de las aseguradoras que prestaba cobertura a los funcionarios, ha decidido retirarse del concierto a pesar de que el Gobierno había elevado las primas un 33,5%. La noticia, adelantada por El País, deja en el limbo la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares. La reacción no se ha hecho esperar: desde quienes exigen que pasen a la Seguridad Social sin privilegios hasta quienes advierten de que el sistema público no puede absorber semejante carga sin que se resientan las listas de espera. El pulso entre las aseguradoras y la Administración expone una realidad incómoda: el modelo de mutualismo administrativo hace aguas.

¿Por qué Adeslas renuncia a un contrato más caro?​

La decisión de Adeslas no es un capricho. La subida del 33,5% en las primas pretendía compensar el envejecimiento de la población mutualista y el encarecimiento de la atención sanitaria, pero las cuentas no salen. Fuentes del sector sostienen que el colectivo de Muface concentra pacientes de mayor edad y con patologías crónicas cuyo tratamiento se come cualquier margen. La aseguradora habría concluido que, incluso con el incremento, el convenio sigue siendo deficitario.

El golpe no es solo económico. Muface gestiona la sanidad de funcionarios civiles del Estado, un colectivo que, según los datos manejados en el sector, ronda los 1,5 millones de personas contando titulares y beneficiarios. Si Adeslas se va y las otras dos aseguradoras del concierto —Asisa y Sanitas— siguen el mismo camino, el Gobierno tendrá que improvisar una salida de emergencia. La más obvia: derivar a todos esos funcionarios a la sanidad pública. La más traumática: subir aún más las primas para que alguna compañía acepte el marrón.

El choque de relatos: privilegios frente a listas de espera​

La noticia ha encendido un debate que trasciende lo sanitario. Una parte de la opinión pública considera que los funcionarios han disfrutado históricamente de una sanidad paralela, con menos esperas y acceso directo a especialistas, y que ha llegado la hora de que pasen por el mismo aro que el resto. «Que se jodan», resume una corriente que no ve con malos ojos el fin del mutualismo. Otros, en cambio, advierten de que la integración masiva en la Seguridad Social no saldrá gratis: más pacientes en un sistema ya tensionado significa más demora para todos.

El argumento de los privilegios tiene recorrido. Los defensores del modelo mutualista recuerdan que los funcionarios no eligen libremente: están adscritos a Muface por ley y cotizan por ello. Además, la cobertura no es gratuita; se financia con las primas que paga la Administración. Pero la percepción de agravio pesa. En un contexto de listas de espera récord, cualquier colectivo con acceso más ágil se convierte en diana.

¿Qué pasará con los 1,5 millones de funcionarios si no hay acuerdo?​

Si el concierto se queda sin aseguradoras, el Ministerio de Función Pública tendrá que activar un plan B. Las opciones sobre la mesa son limitadas. La primera, prorrogar el convenio actual con carácter de urgencia y obligar a las aseguradoras a seguir prestando el servicio, algo que chocaría con su negativa. La segunda, integrar a los mutualistas en el Sistema Nacional de Salud, una medida que requeriría dotación presupuestaria extra y que, según los críticos, colapsaría aún más la atención primaria y hospitalaria.

Mientras tanto, el reloj corre. Los funcionarios afectados miran con inquietud un calendario que no controlan. La incertidumbre se extiende también a las clínicas y hospitales privados que trabajan para Muface: si el convenio cae, perderán un volumen de negocio nada desdeñable. Y en el fondo, late una pregunta incómoda: ¿está el modelo de mutualismo condenado a desaparecer o es solo cuestión de dinero?

La letra pequeña: edad, cronicidad y el negocio de las aseguradoras​

Hay un factor que las aseguradoras no dicen en voz alta pero que explica su huida: la estructura demográfica del colectivo. La edad media de los funcionarios de Muface es elevada, y una parte significativa padece enfermedades crónicas cuyo tratamiento farmacológico es caro y sostenido en el tiempo. Para una aseguradora, un paciente oncológico puede ser asumible si se cura; un paciente con una enfermedad degenerativa que requiere medicación de por vida es una sangría contable.

Ese es el núcleo del problema. El negocio del seguro privado de salud se sostiene sobre la selección de riesgos: cuanto más joven y sano el asegurado, mejor. Muface, por su propia naturaleza, concentra el perfil opuesto. De ahí que las compañías prefieran perder el contrato antes que aceptar pérdidas recurrentes. La subida del 33,5% fue un parche, no una solución estructural.

El precedente que nadie quiere mirar​

No es la primera vez que el mutualismo administrativo se tambalea. A lo largo de las últimas décadas, el sistema ha ido integrando entidades y mutualidades en la Seguridad Social, con saneamientos millonarios para tapar agujeros. Los más veteranos recuerdan que ya en los años sesenta muchas mutualidades estaban en quiebra técnica. La historia se repite con otro envoltorio.

La diferencia ahora es el contexto político. El Gobierno afronta el desgaste de gestionar una sanidad pública al borde del colapso y, al mismo tiempo, la papeleta de negociar con aseguradoras que no aceptan migajas. Cada parte mira por lo suyo. Los funcionarios, por conservar lo que tienen. Las aseguradoras, por no perder dinero. Y el contribuyente, por no pagar la fiesta. ¿Alguien se acuerda de él?