La desaparición de MUFACE, de lo poco bueno que está haciendo este Gobierno

La paradoja de MUFACE: los mutualistas piden su desaparición​

El sistema sanitario de los empleados públicos tiene un problema de defensa: entre sus beneficiarios no encuentra quien lo defienda. El planteamiento que recorre la discusión es simple —si alguien quiere sanidad privada, que se la pague— y quien lo sostiene con más insistencia es, llamativamente, personal público adscrito a la mutua. Un empleado del Estado lo suelta sin rodeos: está de acuerdo en que quiten MUFACE porque no tiene sentido hoy en día. Lo llamativo no es la crítica. Es que la firme un mutualista.

Qué es MUFACE y a cuántas personas cubre​

MUFACE es la mutualidad que gestiona la asistencia sanitaria de buena parte del personal de la Administración General del Estado y de sus familias. No está sola: el mutualismo administrativo se completa con ISFAS y MUGEJU, y el reparto no es casual. Los empleados transferidos del Estado a las comunidades autónomas se dividen entre MUFACE, que absorbe el ámbito de Enseñanza, y MUGEJU, que se ocupa de Justicia.

El volumen es la clave del asunto. Los datos que se manejan en el debate, fechados en diciembre de 2022, sitúan el conjunto en torno a un millón y medio de personas. Ese es el número que sobrevuela cualquier decisión: si el sistema se desmonta, ese contingente —mutualistas y beneficiarios— tendría que ser absorbido por la red pública. Nadie discute la cifra. Se discute qué hacer con ella.

Cuánto paga al mes un funcionario por MUFACE​

Aquí aparece el error más repetido. Quien sostiene que la mutua es un regalo caído del cielo obvia un detalle contable: la cuota se descuenta cada mes de la nómina, unos 52 euros, y es obligatoria. El mutualista paga además sus impuestos generales y sus cotizaciones como cualquier otro trabajador, sea atendido finalmente en la pública o en la privada.

Hay más partidas que rara vez salen en la conversación. Una vez jubilados, los antiguos mutualistas abonan el 30% de sus medicamentos, mientras que el resto de pensionistas tiene un tope mensual de entre 6 y 9 euros. Sumado todo, el retrato del privilegio se complica: el sistema no es gratuito para quien está dentro, y su defensa no sale precisamente de sus usuarios.

Privada en vez de pública, no además de la pública​

La confusión más extendida es creer que el mutualista tiene doble cobertura. No funciona así. Quien opta por la privada renuncia a la pública: no suma, sustituye. Y en la práctica el médico de cabecera, la receta y la baja dependen del cuadro médico de la aseguradora asignada, con su propia burocracia.

La excepción es la urgencia vital. Si alguien se desvanece en la calle o sufre un accidente, la llamada acaba en el 112 y en un hospital público; lo que venga después puede convertirse en un forcejeo con la aseguradora para que reconozca el pago. En el debate se relata un caso de hipoglucemia con pérdida de consciencia en el que la familia marcó el teléfono de emergencias público en lugar del de la aseguradora y acabó asumiendo el coste. Mientras no pasa nada grave, todo va bien. Cuando pasa, la letra pequeña manda.

El traspaso a la sanidad pública y el argumento del colapso​

El aviso más repetido es de saturación. Si un millón y medio de personas entra de golpe en el Sistema Nacional de Salud —con la sanidad pública ya tensionada en atención primaria, urgencias y pruebas diagnósticas—, los tiempos de espera se estiran todavía más. La advertencia no la hacen solo defensores de la mutua: hay quien sostiene que los propios responsables políticos seguirán yendo a la privada de pago mientras el resto carga con la lista.

En el lado contrario, el argumento es de escala y de caja. La red pública ya atiende a millones de personas, incluidos quienes nunca han cotizado, y los funcionarios aportarían sus cotizaciones al entrar en el sistema. La conclusión de esa corriente es que la privada presume de eficiencia porque es la pública la que asume los casos caros y complejos, no porque haga mejor el trabajo.

Subir el sueldo o mantener el concierto: las posturas sobre la mesa​

Las posiciones no se ordenan por etiqueta ideológica. Hay quien pide una subida salarial sustancial a cambio de renunciar a la cobertura privada, y hay quien sostiene que la privada no es ningún chollo: para un tumor o una urgencia real, la pública sigue siendo la referencia, y las aseguradoras empiezan a acumular esperas en consultas externas.

Otra corriente, la más dura, va en dirección opuesta: eliminar el régimen mutualista y dejar que quien quiera seguro privado lo contrate por su cuenta, como hacen las empresas con planes de salud para sus plantillas. En el terreno político, la propuesta de acabar con el sistema recibe adhesiones explícitas en la izquierda, mientras que su defensa se apoya en el origen histórico del mutualismo como compensación por sueldos públicos bajos en la época franquista.

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Si el sistema se retira, ¿los mutualistas aceptarían un aumento salarial equivalente o seguirían exigiendo su aseguradora? Nadie en la conversación ha puesto cifra a esa pregunta.