No sé si entendéis la gravedad de esto: presuntamente la PSOE quería pagar a un clan etniano para "eliminar" a la jueza del hermanísimo por favores

Un presunto encargo para intimidar a la jueza del hermano de Sánchez​

¿Es posible que una formación con responsabilidades de Gobierno haya buscado intermediarios en el hampa para apartar a una jueza que le incomoda? Ese es el relato que corre estos días y que ha reavivado el caso del hermano del presidente. La tesis, tan simple como difícil de demostrar, sostiene que alguien habría tanteado a un grupo dedicado al narcotráfico para presionar —eliminar, en las versiones más crudas— a la magistrada que instruye el asunto. El grupo, siempre según ese relato, habría dicho que no. A fecha de esta discusión, todo sigue en el terreno de lo presunto y sin resolución judicial.

Qué se sabe del caso del hermano de Sánchez y la plaza de Badajoz​

El asunto nace, según las versiones que se manejan, de una investigación menor: una plaza colocada en Badajoz, un favor procesal con aroma de enchufe. Poca cosa en apariencia. Y ahí está la clave de por qué el relato escuece: si en un asunto de apenas una plaza se habría llegado a buscar intermediarios, la pregunta obligada es qué no se hará cuando lo que hay en juego son años de cárcel y decenas de millones de euros. Ese salto —de lo cutre a lo grave— es el que convierte una noticia local en un terremoto político.

Nadie ha puesto sobre la mesa un contrato, un pago o una grabación. Lo que circula son versiones encadenadas, algunas de altos vuelos y otras de barra de bar, y esa mezcla es precisamente lo que hace imposible separar el grano de la paja sin el sumario delante.

La jueza pide personarse como acusación particular ante Pedraz​

El dato que eleva el caso por encima del rumor es procesal, y conviene subrayarlo: la propia magistrada del caso habría solicitado personarse como acusación particular y pedido al juez Pedraz que la admita. Una jueza que, según ese relato, denuncia una extorsión ante otro juez no es un tertuliano calentando el plató. Es una parte personada. Quien quiera rebajar el asunto a «poco fiable» tendrá que explicar entonces qué entiende por fiable, porque el listón lo acaba de poner la propia damnificada.

A partir de ahí, el escenario es el de costumbre: un procedimiento abierto, versiones cruzadas y una resolución que, a fecha de hoy, no existe. Ni condena, ni archivo.

El grupo que dijo no: cuando el intermediario pone el listón​

Uno de los aspectos más comentados es que el encargo habría sido rechazado. La anécdota tiene su ironía: el supuesto intermediario habría evaluado el riesgo —meter mano a una jueza de alto perfil— y lo habría encontrado desproporcionado. El cálculo es de manual: un trabajo así cruza todas las líneas y garantiza años de cárcel, con o sin lazos de sangre de por medio. Si alguien pensó que bastaba con un apretón de manos y una promesa, se equivocó de oficio.

Hay quien sostiene que ese rechazo demuestra que los relatos del hampa son más limpios que los de la política. Es una lectura cómoda y sin base. Lo único que sostiene el relato es que una operación presuntamente torpe se quedó a medio camino.

La escalada conspirativa que envuelve el asunto​

Alrededor del caso han crecido teorías que van mucho más allá: desde atentados atribuidos al aparato del Estado hasta ajustes de cuentas históricos de otra época. Conviene decirlo sin rodeos: nada de eso tiene respaldo probatorio en lo conocido. Son hipótesis lanzadas al aire que se retroalimentan entre sí y que acaban contaminando un asunto que, de por sí, ya es serio. Mezclar una denuncia procesal con tramas de novela negra no ayuda a esclarecer nada; solo enturbia.

A quién le conviene el ruido​

El caso se mueve en un terreno donde todos tienen algo que perder y algo que ganar. Unos hablarán de deriva mafiosa del Gobierno; otros, de una operación de desgaste sin pruebas; y una tercera vía recordará que casos graves los han tenido todas las formaciones que han tocado poder. Ese reparto de culpas cruzadas, tan español, es la razón por la que estas historias rara vez terminan con un responsable señalado y sí con una audiencia agotada.

Lo que queda, por ahora, es una jueza que ha dado el paso, un procedimiento abierto y un encargo presuntamente fallido. Basta con eso para que el relato, verdadero o inflado, siga vivo una temporada más. Si al final resulta que no había nada, alguien tendrá que explicar por qué se habló de sicarios para una plaza de Badajoz. Y si había algo, tendremos la enésima prueba de que el mejor escondite para lo grave siempre ha sido disfrazarlo de cutre.